Por: Guillermo Vásquez Adrián*
Hemos visto en los últimos meses algunos tímidos e insuficientes cambios en nuestra legislación. La reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la reciente modificación a la Ley de Minas parecen tener como intención atraer inversiones al país, pero lejos de representar un avance hacia un cambio estructural, estas medidas parecen simples concesiones tácticas destinadas a prolongar la agonía de un modelo económico que ya colapsó. Para lograr un cambio real, es menester realizar profundas transformaciones en el andamiaje legal actual; algo que no estoy tan seguro de que la administración vigente realmente desee hacer, ya sea por desconocimiento, por ceguera, por dogmas ideológicos o por temor de perder el control sobre el ciudadano, No han entendido que el modelo estatista que han defendido por veintiséis años es el responsable de la debacle económica más grande de nuestra historia republicana
Nuestro actual ordenamiento jurídico está diseñado para proteger un sistema estatista, donde el Estado paternalista es la figura central, limitando las libertades individuales y dejando desprotegidos derechos fundamentales de los ciudadanos, como lo son el derecho a las libertades económicas y la protección a la propiedad privada.
Hemos venido sosteniendo que la crisis venezolana no se resuelve simplemente cambiando los rostros en el poder; el problema es mucho más profundo. Debemos aprovechar la oportunidad actual para colocar en el debate público algunas propuestas de cambios necesarios. Debemos hacerlo sin complejos, sin el temor al bendito cálculo político de si es conveniente o no para las aspiraciones del político de turno o, peor aún, del partido. Es el momento de poner en práctica aquel pensamiento atribuido frecuentemente a Winston Churchill en el que recordaba que: “Un político se convierte en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y empieza a pensar en las próximas generaciones”. Este es el momento de pensar en lo más conveniente para el futuro de los venezolanos.
Son muchas las leyes que hay que reformar y otras que, incluso, deben ser derogadas. En este corto artículo de opinión me arriesgo a mencionar solo algunas; dejo constancia de que me limito a un simple ejercicio enunciativo, un modesto aporte a lo que debe ser un gran debate que incluya a los más calificados juristas, economistas y profesionales de las áreas involucradas.
El nuevo ordenamiento jurídico que proponemos debe convertirse en un escudo que proteja al individuo frente al poder de turno, lo cual contrasta con la realidad actual donde reina la inseguridad jurídica y el hostigamiento al ciudadano que quiere emprender.
Hablamos de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda; la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) entre muchas otras. Necesitamos también una reforma tributaria para crear incentivos reales en quienes arriesgan su capital. Todos estos cambios, entre tantos otros —e incluso la conveniencia de reformar la Constitución Nacional—, deben formar parte del debate.
Todas y cada una de las leyes antes mencionadas, lejos de favorecer a quienes supuestamente querían beneficiar, han logrado el efecto contrario. La Ley de Tierras y la política de expropiaciones han destruido la producción nacional y empobrecido al campesinado; mientras la propiedad de la tierra rural esté sujeta a la discrecionalidad de institutos y funcionarios públicos, jamás se lograrán las inversiones deseadas. Lo mismo ocurre con la legislación laboral actual: su rigidez no ha contribuido en lo absoluto a mejorar los ingresos y la calidad de vida de la clase trabajadora; por el contrario, nunca antes nuestros trabajadores fueron tan mal pagados. Podríamos dar muchos ejemplos similares en todas las áreas.
Un nuevo ordenamiento jurídico es imprescindible, pero sería iluso pensar que es suficiente. Se requiere un Poder Judicial que lo haga valer; conformado por los mejores, los más honestos y los más capaces. Un sistema absolutamente profesional y desvinculado de intereses políticos o económicos, razón por la cual se debe realizar una profunda revisión de la realidad actual, preservando en sus puestos a quienes lo merezcan por mérito. No profundizaré en este tema hoy, ya que requeriría un artículo completo para tratar a fondo algo tan vital.
En conclusión, solo cuando la ley garantice que el fruto del esfuerzo de cada ciudadano es sagrado, podremos decir que la batalla cultural ha comenzado a ganarse y que Venezuela se enrumba hacia una transformación real que traerá bienestar duradero.
* Abogado, UCAB, Director Centro de Formación y Políticas Públicas IFEDEC Capitulo Monagas
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