Caracas – Margee Angélica Arenas (V-10.512.644), en su condición de heredera universal debidamente acreditada, hace un llamado urgente a la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, ante lo que califica como una violación sistemática a sus derechos sucesorales y patrimoniales por parte del Banco de Venezuela (BDV) y la inacción de la Sudeban.
A través de un comunicado público, Arenas denunció que, tras haber cumplido con la totalidad de los recaudos legales exigidos por la normativa venezolana, la entidad bancaria mantiene una dilación injustificada de meses que está «pulverizando» los activos de su herencia debido a la falta de liquidación oportuna.
Violencia Patrimonial e Institucional
La denunciante enfatiza que este caso trasciende la burocracia administrativa, convirtiéndose en un cuadro de violencia institucional y patrimonial contra la mujer, tipificado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
«Mi derecho sucesoral no es un favor, es ley. No es un problema de papeles; es una violación flagrante al Artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Mi proceso de duelo se ha transformado en un calvario emocional por el hostigamiento burocrático del Banco de Venezuela», sentenció Arenas.
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Exigencias Claras al Estado
Ante el silencio de las autoridades bancarias y la respuesta «cosmética» recibida tras denuncias previas en redes sociales (X: @MargeeArenasVEN), la afectada eleva las siguientes peticiones a la Vicepresidencia y a la directiva del banco, encabezada por Román Maniglia:
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Liquidación Inmediata: Ejecución del traspaso de los fondos a su cuenta personal de forma expedita.
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Indexación de Fondos: Ajuste de los montos retenidos para compensar el lucro cesante y la pérdida de valor adquisitivo causada por la demora imputable a la institución.
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Cese del Hostigamiento: Finalización de las trabas administrativas que impiden el ejercicio del derecho a la propiedad privada.
Margee Arenas confía en que la intervención de la Vicepresidenta Rodríguez permitirá que prevalezca la justicia constitucional y se ponga fin a una situación que afecta la estabilidad económica y emocional de una ciudadana que solo exige el cumplimiento de la ley.
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