El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó este domingo el incremento a 10 de los integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) abatidos tras una incursión de los organismos de seguridad en el departamento del Cauca. La acción castrense permitió neutralizar a dos jefes territoriales de la organización armada en el suroeste del país.
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutaron la denominada «Operación Ónix» en la zona rural del municipio de El Tambo durante la madrugada del pasado 22 de octubre. Las labores tácticas permitieron dar de baja a alias ‘Marcos Pacífico’ y alias ‘Ochenta’ o ‘Murillo’, identificados como piezas clave dentro de la estructura de mando del grupo insurgente.
En el sitio del despliegue, las fuerzas del orden incautaron un arsenal compuesto por siete fusiles, una pistola y dos granadas, al tiempo que procedieron al desmantelamiento de una infraestructura de adiestramiento y alojamiento que contaba con capacidad para albergar a 25 combatientes.
El mandatario nacional sostuvo que el procedimiento debilita de forma directa la capacidad operativa, el mando táctico y las redes logísticas de la agrupación en los corredores estratégicos que conectan con el litoral pacífico. De la Espriella aseveró que el Estado mantendrá la presencia institucional y las acciones de presión militar en las zonas con alta presencia de grupos armados.
El procedimiento representa el quinto ataque con aviación militar ordenado por el Ejecutivo colombiano contra organizaciones al margen de la ley, dentro de una estrategia gubernamental enfocada en frenar el avance de los grupos delictivos en áreas rurales y desarticular los centros de acopio de las estructuras ilegales.
La reactivación de las incursiones aéreas ha generado discusiones en el sector público sobre las consecuencias de las operaciones de alta intensidad en territorios donde se denuncia el reclutamiento forzado. Informes de despliegues anteriores registran víctimas adolescentes en las regiones de Guaviare y Catatumbo, situación que ha puesto en el centro del análisis los protocolos de inteligencia militar previos a los ataques.
Pese a los cuestionamientos de diversos sectores, el Gobierno colombiano ratificó la vigencia de la doctrina militar aplicada en el Cauca y confirmó la continuación de los patrullajes ofensivos para recuperar el control territorial en el suroeste del país.

