Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en un trabajo articulado con la Policía del Estado Miranda, esclarecieron el homicidio de Maikel Manuel Hurtado Ibarra, un niño de 10 años de edad cuyo cadáver fue localizado en una zona boscosa de la carretera Petare–Santa Lucía. Por este hecho resultaron aprehendidas tres personas.
La información fue suministrada por el director nacional del Cicpc, comisario general Douglas Rico, durante la emisión de su programa radial «Cicpc al Día», donde detalló las circunstancias que rodearon el suceso.
De acuerdo con las investigaciones de campo, el menor —quien se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad social y familiar— fue captado por integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona de Santa Lucía, Valles del Tuy. Los delincuentes pretendían utilizar al niño como «garitero» o vigilante para dar aviso sobre la presencia de comisiones policiales en el sector.
Sin embargo, el menor se negó a formar parte de las actividades delictivas a las que intentaban someterlo y abandonó el lugar. En represalia por su negativa, los implicados lo trasladaron bajo engaño y fuerza hacia la zona boscosa, donde le causaron la muerte con el uso de un arma blanca para posteriormente despojarlo de sus vestimentas y ocultar las evidencias.
Durante los procedimientos de investigación fueron capturados tres de los presuntos responsables:
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Carlos Nicolás Contreras Godoy (39 años).
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Eduardo José García Pineda (19 años).
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Un adolescente de 17 años de edad (cuya identidad se omite en cumplimiento de las disposiciones de la Lopnna).
Asimismo, el comisario Rico informó que los organismos de seguridad mantienen un despliegue operativo para lograr la captura de un cuarto involucrado, identificado como Jhonder José Márquez Landaeta, de 26 años de edad, quien se encuentra prófugo y es señalado como el autor intelectual que planificó y ordenó la ejecución del hecho.
El caso y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público del estado Miranda para el inicio del proceso penal correspondiente.
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