Caracas.— Una transformación profunda del sistema de justicia venezolano, que trascienda las reformas cuantitativas y ataque los problemas estructurales de la judicatura, es el planteamiento central de la propuesta presentada por el especialista Aníbal Sánchez (@AnibalSanchezOF), titulada “Hacia una Justicia Meritocrática, Independiente y Apegada a la Constitución”.
A juicio de Sánchez, ajustes recientes como la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)—que reestructura el número de magistrados a 32— son medidas meramente numéricas que buscan aliviar la carga procesal, pero no resuelven vicios de fondo como la provisionalidad masiva de los jueces, la sumisión institucional ni la designación por afinidades partidistas.
Concursos de oposición como eje central
El núcleo del proyecto se fundamenta en el estricto cumplimiento del artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La propuesta establece que el ingreso y ascenso en la carrera judicial, en todos sus niveles, debe realizarse exclusivamente mediante concursos públicos de oposición, sustituyendo las revisiones discrecionales de credenciales.
«El TSJ no necesita solo más magistrados, sino que actúen con independencia y apegados al derecho. Los baremos de evaluación deben ser públicos, verificables y objetivos, ponderando los conocimientos jurídicos, la trayectoria profesional y la reputación ética de los aspirantes», explicó Sánchez.
Esta vía garantizaría la inamovilidad de los jueces y limitaría la influencia de intereses políticos en la toma de decisiones, devolviendo la autonomía al Poder Judicial.
Cuatro pilares para la transformación del sistema
La propuesta de reforma estructural se desarrolla a través de cuatro ejes fundamentales:
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Nueva Ley de Carrera Judicial y Fortalecimiento Institucional: Creación de una norma que regule la permanencia y remoción con base en méritos. Incluye otorgar mayor autonomía a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) mediante el nombramiento de su directiva por mayoría calificada y mandatos fijos, además de reestructurar la Escuela de la Magistratura bajo un modelo de formación continua obligatoria.
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Tribunal Constitucional Autónomo: Separación de la actual Sala Constitucional del TSJ para transformarla en un órgano independiente. Con esto se busca evitar la concentración de poder que históricamente ha validado decisiones políticas. Sus integrantes serían electos por concurso público y poseerían mandatos fijos.
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Modernización y Control Ciudadano: Implementación de la digitalización total de expedientes y el sorteo electrónico de casos para eliminar la discrecionalidad. Asimismo, se plantea la prohibición de militancia política reciente para los aspirantes y la aplicación de evaluaciones periódicas de desempeño con participación de la ciudadanía.
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Fin de la Provisionalidad: Establecimiento de la estabilidad laboral únicamente para quienes superen los concursos públicos de oposición. Los jueces provisionales vigentes deberán someterse a evaluación y, en caso de no cumplir con los estándares técnicos y éticos, ser removidos de sus cargos.
Seguridad jurídica e inversión
Sánchez destacó que los lineamientos de esta propuesta coinciden con los estándares internacionales para las transiciones institucionales. La aplicación de una justicia expedita, imparcial y de alto rigor técnico generaría un impacto positivo inmediato en la economía del país.
«Los inversionistas nacionales e internacionales encontrarían la seguridad jurídica que tanto reclaman, mientras que la ciudadanía recuperaría la confianza en que sus derechos serán protegidos sin dilaciones ni favoritismos», sentenció el analista.
Finalmente, enfatizó que la construcción de una judicatura idónea y autónoma en Venezuela dependerá de la voluntad política y de la presión activa de los ciudadanos para transformar este proyecto en norma legal.
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