Por Oscar Bravo
El anuncio realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre el acompañamiento parlamentario a la Gran Consulta Nacional sobre la reforma del sistema judicial penal (que iniciará este próximo 1 de junio) no es un hecho administrativo aislado.
Este proceso representa un acto de profunda reafirmación de la soberanía jurídica de la República Bolivariana de Venezuela, en un contexto global donde el derecho penal ha sido instrumentalizado históricamente como un arma de dominación neocolonial.
Frente a esa herencia, la reestructuración integral del sistema de justicia que hoy se impulsa asume la participación popular como el antídoto fundamental contra la enajenación jurídica. Una transformación profunda del modelo penal no puede gestarse “entre cuatro paredes” ni bajo el tutelaje de bufetes corporativos internacionales.
Al convocar a sectores académicos, operadores de justicia, organizaciones sociales y a la ciudadanía de a pie, el Estado está democratizando el derecho penal, devolviéndole su carácter de expresión de la voluntad soberana del pueblo.
La propuesta de avanzar hacia códigos unificados que agrupen y simplifiquen las leyes del sistema de justicia se convierte en un paso democratizador del aparato judicial y destaca la importancia de la codificación como herramienta de emancipación.
Simplificar el marco jurídico y reducir la dispersión normativa no solo facilita la aplicación cotidiana de la justicia y fortalece las garantías ciudadanas, sino que además blinda al Estado frente a las tácticas de lawfare (guerra jurídica) externa.
Un cuerpo normativo coherente, blindado y de fácil comprensión para el pueblo es la mejor defensa contra los intentos de instrumentalizar los derechos humanos y el derecho procesal con fines de desestabilización política.
La AN, al asumir su rol legislativo y político en este despliegue garantiza que el clamor y las propuestas de la base social se traduzcan en leyes de la República con fuerza vinculante. No estamos ante un debate meramente teórico, sino ante un proceso constituyente sectorial de carácter estratégico.
La Gran Consulta Nacional es una oportunidad histórica para demostrar que la justicia penal no es un patrimonio exclusivo de élites tecnocráticas, sino un pilar fundamental de la seguridad de la Nación. En la medida en que el pueblo venezolano participe, debata y legisle sobre sus propios códigos, estará cerrando las compuertas a cualquier pretensión de injerencia extranjera y consolidando un sistema judicial auténticamente soberano, moderno, expedito y de carácter popular.
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